Ante los robos y homicidios que están saliendo a luz, las movilizaciones en reclamo de seguridad frente a la casa del intendente Ivoskus y el anuncio por parte de este último de que el Ministro de Seguridad Carlos Stornelli le prometió más policías, el dirigente del Partido Obrero de San Martín, Carlos Suárez expresó al respecto “Es más de lo mismo. Hay que recordar que Bs. As. se encuentra entre las 10 ciudades con el mayor índice de policías por habitante: existen 50.000 policías efectivos, 50.000 de la seguridad privada y una incierta pero numerosa cantidad en negro. Pese a ello, el delito –sufrido de manera diferente en las zonas pobres con respecto a las ricas- prolifera sin cesar. El problema no es la cantidad de policías, sino que el aparato represivo es parte del delito”
Carlos Suárez agregó: “Solucionar la ‘inseguridad’, con más policía es como apagar el fuego con nafta: los vínculos de la bonaerense con el delito organizado y las zonas liberadas, en complicidad con políticos y hampones, son de público conocimiento. Más de una vez, la policía aparece involucrada en robos, homicidios, secuestros y negocios oscuros”.
Asimismo recordó que “los distintos planteos de Stornelli, el PJ e Ivoskus, de una Policía Comunal, más destacamentos, la intervención de la Gendarmería y la implementación del llamado “Plan de Seguridad de los Municipios” apuntan a la militarización de nuestro distrito, en el marco de la descomposición de un sistema social”.
Consultado sobre los planteos del Partido Obrero, el dirigente afirmó que “ La población carece de mecanismos que le permitan tener un control sobre los organismos de seguridad, continuamente nos encontramos con que la propia población acusa a la policía de distintos delitos o de su complicidad, lo cual pone de manifiesto que debe establecerse una norma que le permita tener el derecho a veto y la elección de los responsables de la seguridad bajo la supervisión de los organismos de derechos humanos”.
Además, Suárez señaló que “El Partido Obrero plantea la disolución de los aparatos represivos partícipes y cómplices del delito, la creación de una comisión investigadora en los casos de gatillo fácil, con la participación de los familiares de las víctimas y la prohibición de la intervención represiva en los movimientos sociales y políticos”. Además dijo, que “la población y los organismos de derechos humanos deben intervenir en un debate público al respecto, estamos por la constitución de un nuevo cuerpo a partir de las organizaciones populares y de las organizaciones de los derechos humanos. Llamamos a la organización y debate en los barrios.”
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